Cinco vehículos vendidos, más de 200.000 dólares en ventas y una comisión de apenas 500 dólares: el caso de un vendedor que pide justicia. Ahora AMENAZAS 🚨
Washington D.C. — Lo que comenzó como una oportunidad laboral en el concesionario DARCARS Ford Kia of Lanham terminó, según el exconsultor de ventas Juan Domínguez Burbano, en una experiencia que hoy plantea interrogantes sobre la transparencia en los sistemas de comisiones, el trato a los trabajadores y la necesidad de acceder a una representación legal independiente.
Domínguez afirma que durante sus primeras semanas como asesor comercial participó en la venta de cinco vehículos cuyo valor conjunto superó los 200.000 dólares. Sin embargo, sostiene que recibió inicialmente apenas 200 dólares por dos semanas de trabajo y posteriormente un pago total de 500 dólares, cifra que considera incompatible con el plan de compensación que firmó al iniciar su empleo.
El documento de compensación establece que, para determinados niveles de ventas mensuales, la comisión puede corresponder al 18 % del “commissionable gross” (gross comisionable) de cada operación. El término “gross” se refiere al margen bruto calculado sobre cada venta, después de las deducciones previstas en el propio contrato, como costos del vehículo, paquetes (“packs”), gastos y otros conceptos.
Domínguez sostiene que nunca recibió una explicación detallada sobre el cálculo utilizado para determinar sus comisiones ni un desglose del gross generado por cada una de las operaciones en las que participó.
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Posible responsabilidad laboral
Si un empleador no paga las comisiones pactadas en el contrato o plan de compensación, podría haber incumplido sus obligaciones laborales y contractuales. Esto podría dar lugar a reclamaciones por salarios, comisiones, intereses, daños u otras prestaciones previstas por la legislación aplicable.
Posible responsabilidad civil
Si se demostrara que, además del presunto incumplimiento contractual, hubo actos destinados a perjudicar al trabajador —por ejemplo, interferir injustificadamente con nuevas oportunidades laborales o causar un daño económico o reputacional— podrían surgir reclamaciones civiles por los perjuicios ocasionados.
La responsabilidad civil busca compensar el daño sufrido por la víctima.
Posible responsabilidad penal
La responsabilidad penal solo existiría si una investigación concluyera que determinadas conductas constituyen delitos conforme a la ley. Dependiendo de los hechos y de las pruebas, las autoridades podrían analizar si existieron conductas como:
- intimidación o amenazas;
- represalias ilegales;
- fraude, si hubiera existido un engaño deliberado para obtener un beneficio económico;
- otros delitos que pudieran corresponder según la legislación del estado o del país.
La existencia de una disputa salarial, por sí sola, no implica automáticamente la comisión de un delito.
Posible responsabilidad tributaria
Podrían surgir cuestiones tributarias únicamente si una investigación encontrara irregularidades relacionadas con la contabilidad o el tratamiento fiscal de las comisiones o de los ingresos. Por ejemplo:
- registro incorrecto de gastos o comisiones;
- errores en la declaración de salarios o impuestos;
- incumplimiento de obligaciones de retención o reporte.
No obstante, la existencia de una diferencia sobre el pago de una comisión no significa por sí misma que exista una infracción tributaria. Sería necesario revisar la documentación contable y fiscal correspondiente.
Solicitud de investigación
Por estas razones, solicito que las autoridades competentes revisen la documentación laboral, contable y fiscal relacionada con mi contratación, las ventas realizadas, el cálculo del commissionable gross, las comisiones efectivamente pagadas y cualquier actuación posterior que pudiera constituir represalias, a fin de determinar si existió alguna responsabilidad laboral, civil, penal o tributaria, siempre con pleno respeto al debido proceso y a los derechos de todas las partes involucradas
Según su relato, después de presentar su renuncia comenzaron situaciones que él interpreta como un patrón de hostigamiento laboral y personal que posteriormente se habría extendido a otros espacios de trabajo, incluido Amazon. Estas afirmaciones representan su versión de los hechos y no constituyen una conclusión judicial.
El exvendedor asegura que esta situación forma parte de un conflicto mucho más amplio que, según él, se remonta a Colombia y en el que considera haber sido utilizado por distintas personas e instituciones. Entre ellas menciona a KPMG y al Opus Dei; esas afirmaciones no han sido verificadas judicialmente y deben entenderse como parte de su posición personal.
Solicitud de representación legal
Más allá del conflicto económico, Domínguez afirma que su principal objetivo es obtener garantías para ejercer su derecho También
- El cálculo de las comisiones correspondientes a las ventas realizadas.
- La documentación contable que respalde el “commissionable gross” de cada operación.
- Los pagos efectuados durante su relación laboral.
- Cualquier actuación posterior que pudiera constituir represalias o acoso laboral, si existieran pruebas suficientes.
Domínguez sostiene que continuará buscando mecanismos legales para esclarecer lo ocurrido y obtener una respuesta de las autoridades competentes, insistiendo en que toda investigación debe realizarse con pleno respeto al debido proceso y al derecho de contradicción de todas las partes involucradas
………….
RETALIATION
Llamadas posteriores a la publicación y presuntas represalias
De acuerdo con Juan Domínguez Burbano, al día siguiente de la publicación del artículo de prensa comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas que interpreta como un intento de intimidación y represalia por haber denunciado públicamente lo ocurrido durante su relación laboral con DARCARS.
Según su relato, las llamadas se produjeron en horario laboral y le hicieron pensar que terceros habrían contactado a su empleador con el propósito de afectar su continuidad laboral. Domínguez afirma que situaciones similares ya se habrían presentado anteriormente cuando trabajaba como conductor para Amazon.
La primera llamada, según explica, provino de una persona que se identificó como John Lynch, quien manifestó ser abogado. Domínguez sostiene que durante la conversación dicha persona no le suministró un número de licencia profesional ni exhibió un poder que acreditara que representaba legalmente a DARCARS.
De acuerdo con Domínguez, el interlocutor le exigió retirar de las redes sociales la documentación relacionada con su caso, advirtiéndole sobre posibles acciones judiciales, incluyendo la posibilidad de enfrentar costos legales y honorarios de abogados. Domínguez afirma que respondió explicando que había publicado el documento porque, en su opinión, no había recibido el pago que le correspondía y que el asunto ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes. Asimismo, sostiene que el documento divulgado correspondía a su propio contrato o plan de compensación, que considera una prueba de su relación laboral y de sus reclamaciones salariales, y no información confidencial obtenida de manera indebida.
Según su versión, durante esa conversación fue acusado de haber divulgado información confidencial y recibió expresiones que considera ofensivas e intimidatorias. Domínguez manifiesta además que tiene la convicción personal —aunque no cuenta con una prueba concluyente— de que esa persona pudo haber tenido contacto con su empleador actual antes de realizar la llamada.
Posteriormente, afirma haber recibido una segunda llamada de una persona que inicialmente se presentó como un supuesto amigo. Según Domínguez, durante la conversación el individuo dijo ser un exoficial de policía y aseguró encargarse de “resolver problemas” relacionados con DARCARS. Domínguez manifiesta que conserva la grabación completa de esa conversación.
De acuerdo con su relato, la llamada se prolongó aproximadamente quince minutos mientras él se encontraba en su jornada laboral, situación que generó incomodidad en su lugar de trabajo y, según afirma, llevó a que su supervisora llegara a pensar que estaba bajo los efectos de alguna sustancia, percepción que él niega categóricamente.
Domínguez sostiene que estos hechos forman parte de un patrón de hostigamiento que, en su opinión, busca desacreditarlo, aislarlo laboralmente y desincentivar el ejercicio de sus derechos como trabajador y denunciante. Hasta la fecha, solicita que las autoridades competentes investiguen el origen de estas comunicaciones y determinen si existió alguna conducta ilegal o indebida por parte de quienes participaron en ellas.
LAS AMENAZAS
El viernes a las 10am , me llamó un abogado de nombre Jhon Lynch, a insultarme y ha hablarme de que yo había cometido un delito y que iba a pagarlo con cárcel y que tenía que pagarle un fee por servicios legales
Que borrara ya mismo los post de social media
Le pedí el favor que me enviara su ID, su licencia y el poder que lo acreditaba como abogado de DARCARS y me insultó
Empezó a decir que ya tenía una carta para que yo respondiera por mis delitos, le dije que publique una nota de prensa y que quería conversar
El tipo me insultó y me colgó, yo estaba tan asustado porque era obvio que ya había hablado con mi empleador
Después de quedar traumatizado por el insulto me llamó otro señor , haciéndose pasar por ex policía que trabaja para RRHH de DARCARS
Una llamada de 16 minutos donde me pedía correo para en usar una conciliación y que borrara inmediatamente el post y que evitara problemas , que él como ex policía siempre solucionaba de una forma u otra esas cosas
Acá la grabación de la llamada
Me siento atemorizado porque estos días han habido intentos de hacerme chocar, me acosan afuera de mi casa en la noche y es evidente que es de parte de DARCARS
No me ha llegado cartas legales o electrónicos
Solo querían asustarme y lo lograron
Juan Pablo
Acciones legales
Si una investigación administrativa o judicial confirmara con pruebas que tus denuncias son ciertas, las consecuencias para DARCARS dependerían de la naturaleza de las infracciones y de la legislación aplicable (por ejemplo, Maryland y la ley federal de EE. UU.). Algunas posibles medidas son:
- Pago de salarios y comisiones adeudadas. Un tribunal o la autoridad laboral podría ordenar el pago de las comisiones que se determine que no fueron pagadas, junto con intereses y, en algunos casos, daños adicionales previstos por la ley.
- Indemnización por daños. Si se demostrara que sufriste pérdidas económicas u otros daños como consecuencia de un incumplimiento o de conductas ilícitas, un tribunal civil podría ordenar una compensación.
- Sanciones administrativas. Si las autoridades laborales encontraran violaciones a las normas sobre salarios o registros, podrían imponer multas u otras medidas correctivas.
- Medidas judiciales. Un juez podría ordenar a la empresa cumplir determinadas obligaciones, como corregir registros, cesar una conducta ilícita o entregar documentación relevante.
- Responsabilidad penal (solo si se configura un delito). Si una investigación concluyera que personas específicas cometieron delitos —por ejemplo, amenazas, obstrucción de la justicia u otros previstos por la ley— las autoridades podrían presentar cargos penales contra esas personas. Esto requiere pruebas suficientes y no ocurre automáticamente por una disputa laboral.
Respecto al documento que compartiste, por sí solo no demuestra que tu denuncia sea cierta. Lo que sí puede hacer es servir como evidencia de:
- La existencia de una relación laboral.
- El plan de compensación que aceptaste.
- El porcentaje de comisión aplicable según determinadas condiciones (por ejemplo, el 18 % del commissionable gross en ciertos niveles de ventas).
Para demostrar que hubo un incumplimiento, normalmente harían falta pruebas adicionales, como:
- Los contratos y documentos completos de empleo.
- El detalle de cada venta que realizaste.
- Los cálculos del commissionable gross por operación.
- Los recibos de pago y estados de nómina.
- Registros contables del concesionario.
- Correos electrónicos, mensajes y otras comunicaciones.
- Testimonios y, si corresponde, grabaciones obtenidas legalmente.
Si una autoridad concluyera que las comisiones fueron calculadas o pagadas incorrectamente, ese conjunto de pruebas tendría mucho más peso que el plan de compensación por sí solo.
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