Del mercado ilícito a una economía regulada: una hipótesis de transformación del valor económico de la coca y sus derivados en Colombia
Resumen
Colombia ha experimentado durante décadas las consecuencias económicas, sociales, ambientales y de seguridad asociadas a los mercados ilícitos de cocaína. Al mismo tiempo, la demanda mundial de sustancias psicoactivas continúa generando enormes flujos económicos que permanecen, en gran medida, fuera de los sistemas formales de tributación, regulación sanitaria y control estatal.
Este artículo propone analizar, desde una perspectiva económica, sanitaria y de política pública, la posibilidad de transformar parte del valor actualmente generado por los mercados ilícitos de drogas mediante mecanismos de regulación, investigación científica, desarrollo farmacéutico, sustitución de economías ilegales, trazabilidad, tributación y cooperación internacional.
La hipótesis central no plantea que el Estado deba administrar el narcotráfico existente ni que la cocaína ilícita deba ser incorporada directamente al mercado legal. Propone, en cambio, estudiar si determinados componentes económicos de esta actividad —particularmente la producción agrícola de coca, la investigación de compuestos derivados, el conocimiento científico acumulado y la demanda internacional— podrían ser reconducidos hacia actividades legales, reguladas y sometidas a evidencia científica.
El objetivo final sería determinar si una estrategia de este tipo podría reducir los incentivos económicos de las organizaciones criminales, aumentar la capacidad fiscal del Estado, generar empleo formal, fortalecer la investigación biomédica y disminuir algunos de los daños asociados al mercado clandestino.
Palabras clave: economía de las drogas, Colombia, coca, regulación, política pública, economía ilícita, desarrollo rural, farmacología, reducción de daños, tributación, investigación y desarrollo.
1. Introducción
Una de las características más particulares de la economía colombiana contemporánea es la coexistencia de una economía formal altamente desarrollada con una economía ilícita que durante décadas ha generado importantes flujos financieros.
La economía de la cocaína no puede comprenderse únicamente como un problema policial. También constituye un fenómeno económico, agrícola, financiero, geopolítico, sanitario y social.
La pregunta que motiva este trabajo es, por tanto:
¿Es posible transformar una parte del valor económico actualmente asociado a una economía ilícita en valor económico legal, regulado, tributado y destinado al desarrollo?
Esta pregunta es diferente de preguntar cómo aumentar la producción o distribución de drogas ilegales.
El objetivo científico consiste en estudiar qué instrumentos de política pública podrían modificar los incentivos económicos que mantienen la existencia del mercado ilícito.
Colombia ha utilizado tradicionalmente estrategias que combinan erradicación, interdicción, persecución financiera, sustitución de cultivos y cooperación internacional. Sin embargo, la persistencia histórica del mercado demuestra que el problema requiere también análisis económicos y regulatorios de largo plazo.
2. El problema económico
Los mercados ilícitos poseen una característica fundamental: generan valor económico sin que ese valor sea necesariamente capturado por el Estado mediante impuestos, regulación sanitaria o mecanismos transparentes de inversión.
El resultado es una paradoja.
Existe una demanda internacional considerable por determinadas sustancias psicoactivas, pero el mercado que satisface esa demanda opera fuera de las instituciones formales.
Esto produce varios efectos:
- Los ingresos permanecen en redes clandestinas.
- El Estado pierde capacidad tributaria.
- Los productores rurales reciben una fracción relativamente pequeña del valor final.
- Las organizaciones criminales adquieren capacidad financiera.
- La ausencia de regulación sanitaria aumenta los riesgos para los consumidores.
- Los conflictos por el control territorial pueden generar violencia.
- Los recursos obtenidos ilegalmente pueden alimentar corrupción y otras actividades criminales.
Por ello, una política pública integral debe preguntarse no solamente cómo destruir la oferta, sino también cómo modificar las estructuras económicas que hacen rentable la actividad ilícita.
3. La coca como recurso agrícola y científico
La planta de coca posee una historia cultural, agrícola y antropológica anterior al narcotráfico contemporáneo.
Sin embargo, debe realizarse una distinción fundamental entre:
- la planta de coca;
- sus usos tradicionales;
- productos derivados legalmente autorizados;
- alcaloides farmacológicamente activos;
- cocaína de uso ilícito;
- medicamentos investigacionales;
- y sustancias psicoactivas producidas clandestinamente.
No es científicamente correcto asumir que un producto derivado de la coca es automáticamente medicinal.
Cualquier propuesta farmacéutica tendría que atravesar procesos de identificación química, toxicología, farmacocinética, farmacodinámica, ensayos preclínicos, ensayos clínicos, evaluación de seguridad, eficacia y aprobación regulatoria.
Por tanto, la hipótesis de una industria colombiana de productos derivados de la coca solamente podría considerarse viable si estuviera fundamentada en investigación científica verificable y dentro del marco regulatorio correspondiente.
4. De la economía ilícita a la economía formal
Una estrategia alternativa podría denominarse transición económica de mercados ilícitos.
Su objetivo no sería legalizar automáticamente las actividades criminales existentes, sino crear alternativas económicas suficientemente atractivas para reducir progresivamente la rentabilidad de las organizaciones ilegales.
El modelo podría estudiarse mediante cinco componentes:
4.1. Desarrollo rural
Los agricultores deberían tener acceso a alternativas productivas legales, infraestructura, crédito, asistencia técnica, conectividad y mercados internacionales.
4.2. Investigación científica
Colombia podría fortalecer programas de investigación sobre plantas, productos naturales, farmacología y nuevos tratamientos para enfermedades neurológicas y psiquiátricas.
4.3. Industria farmacéutica
Los productos que demuestren utilidad terapéutica mediante evidencia científica podrían eventualmente convertirse en medicamentos regulados.
Esto requeriría propiedad intelectual, ensayos clínicos, buenas prácticas de manufactura y aprobación de las autoridades sanitarias.
4.4. Tributación
Los mercados legales generan impuestos.
La diferencia fundamental entre una economía clandestina y una economía formal es que el Estado puede capturar parte del valor agregado mediante mecanismos tributarios y utilizar esos recursos para educación, infraestructura, salud, ciencia y desarrollo rural.
4.5. Cooperación internacional
Debido a que la demanda de sustancias psicoactivas es internacional, ninguna política colombiana podría funcionar aisladamente.
Cualquier transformación regulatoria tendría que coordinarse con otros Estados y con los tratados internacionales aplicables.
5. El concepto de “dividendo de paz económico”
Una hipótesis particularmente relevante es la posibilidad de generar un dividendo de paz económico.
Si una parte de los recursos actualmente destinados a combatir organizaciones criminales pudiera reducirse como consecuencia de una disminución de la actividad ilícita, mientras simultáneamente aumentaran los ingresos fiscales provenientes de actividades legales, el Estado podría disponer de nuevos recursos para inversión social.
El mecanismo conceptual sería:
reducción de rentabilidad criminal → reducción de violencia e informalidad → aumento de actividad económica formal → aumento de tributación → mayor inversión pública.
Sin embargo, esta hipótesis tendría que demostrarse empíricamente.
No puede asumirse que la regulación por sí misma eliminaría las organizaciones criminales. La experiencia internacional demuestra que los mercados ilícitos pueden persistir incluso cuando determinadas sustancias son reguladas.
6. ¿Podría competir el Estado con el mercado ilegal?
Esta es probablemente la pregunta económica más difícil.
Un mercado ilegal ofrece precios, anonimato y distribución internacional que un mercado regulado no puede necesariamente reproducir.
Además, los consumidores pueden continuar demandando productos prohibidos incluso después de establecerse mercados legales.
Por ello, la regulación debería evaluarse mediante modelos económicos que estudien:
- elasticidad de la demanda;
- precio;
- disponibilidad;
- sustitución entre sustancias;
- tamaño del mercado clandestino;
- costos regulatorios;
- impuestos;
- costos sanitarios;
- costos policiales;
- violencia;
- lavado de activos;
- y comportamiento del consumidor.
Una política pública responsable no debería partir de la premisa de que “legalizar significa acabar con el narcotráfico”.
La pregunta correcta es:
¿Qué combinación de regulación, prevención, tratamiento, desarrollo económico y aplicación de la ley reduce de manera medible los daños sociales totales?
7. Farmacología y nuevas terapias
Una segunda línea de investigación planteada en esta propuesta corresponde al desarrollo de medicamentos destinados al tratamiento de trastornos relacionados con el consumo de sustancias y otras enfermedades neuropsiquiátricas.
Aquí es indispensable realizar una corrección científica.
No puede afirmarse que una combinación informal de medicamentos constituye automáticamente un tratamiento para la dependencia de cocaína, el trastorno de estrés postraumático, la depresión o la ansiedad.
Tampoco puede afirmarse que una sustancia es “más suave que Xanax”, que funciona como sustituto de Prozac, que produce felicidad o que permite mantener la productividad sin efectos adversos, sin estudios clínicos que demuestren esas propiedades.
Estas afirmaciones deberían convertirse en hipótesis de investigación.
Por ejemplo:
“Se propone investigar si determinadas combinaciones farmacológicas pueden modificar determinados circuitos neurobiológicos relacionados con dependencia, ansiedad, impulsividad o estrés postraumático.”
Esta formulación permite investigar la hipótesis sin presentarla anticipadamente como un hecho médico.
8. Un posible programa nacional de investigación
Colombia podría estudiar la creación de un programa interdisciplinario denominado, hipotéticamente:
Programa Nacional de Investigación sobre Economía, Drogas y Desarrollo — PNIEDD.
El programa podría integrar:
- economía;
- medicina;
- farmacología;
- neurociencia;
- agricultura;
- ingeniería;
- ciencias sociales;
- criminología;
- derecho;
- salud pública;
- inteligencia financiera;
- estadística;
- y política internacional.
Su función sería producir evidencia científica para responder preguntas que actualmente se discuten muchas veces desde posiciones exclusivamente ideológicas.
9. La pregunta fiscal
La pregunta económica más provocadora de esta propuesta es:
¿Cuánto valor económico existe actualmente alrededor del mercado mundial de drogas y qué porcentaje podría ser transformado en actividad económica legal?
Responderla exige construir un modelo económico internacional.
El modelo debería estimar:
Valor bruto del mercado
menos:
- costos agrícolas;
- costos industriales;
- costos logísticos;
- costos sanitarios;
- costos policiales;
- costos judiciales;
- costos de tratamiento;
- pérdidas asociadas a violencia;
- lavado de activos;
para obtener una estimación del valor económico neto potencial.
Posteriormente podría calcularse cuánto de ese valor podría convertirse en:
- impuestos;
- salarios;
- inversión;
- exportaciones;
- investigación;
- infraestructura;
- desarrollo rural.
Este análisis permitiría comparar la economía ilícita con sectores tradicionales como petróleo, minería, energía, agricultura y servicios.
10. Una nueva concepción de “El Dorado”
La metáfora de El Dorado puede reinterpretarse.
No se trataría de encontrar una nueva fuente de riqueza basada en la explotación de recursos naturales, sino de transformar conocimiento, biodiversidad, ciencia y talento colombiano en propiedad intelectual y productos de alto valor agregado.
Desde esta perspectiva, Colombia podría intentar pasar de:
exportador de materias primas → productor de conocimiento → desarrollador de tecnología → propietario de propiedad intelectual.
La coca sería únicamente uno de los posibles objetos de investigación dentro de una estrategia mucho más amplia de biodiversidad y productos naturales.
11. Riesgos
Una propuesta de esta naturaleza también presenta riesgos significativos.
Entre ellos:
- captura institucional;
- corrupción;
- monopolios;
- lavado de activos;
- persistencia de mercados clandestinos;
- aumento del consumo;
- desplazamiento hacia otras drogas;
- dependencia económica;
- conflictos internacionales;
- daños sanitarios;
- apropiación indebida de conocimientos tradicionales;
- y creación de nuevos mercados criminales.
Por esta razón, cualquier modificación de la política de drogas debería realizarse mediante experimentación regulatoria controlada, evaluación independiente y medición permanente de resultados.
12. Principio rector
La idea central puede resumirse de la siguiente manera:
El objetivo de la política pública no debería ser maximizar el mercado de las drogas, sino minimizar el daño social generado por ellas y maximizar el bienestar económico y sanitario de la sociedad.
Esto implica abandonar dos simplificaciones opuestas.
La primera es pensar que toda política de prohibición ha resuelto el problema.
La segunda es asumir que la legalización automáticamente resolvería todos los problemas.
La realidad probablemente exige una combinación de regulación, prevención, tratamiento, investigación, desarrollo rural, persecución financiera y cooperación internacional.
13. Conclusión
Colombia posee una experiencia histórica excepcional para estudiar la relación entre economía ilícita, violencia, desarrollo rural y política de drogas.
La pregunta de fondo no debería ser simplemente cuánto dinero genera el narcotráfico.
La pregunta debería ser:
¿Cómo puede una sociedad transformar los incentivos económicos que actualmente alimentan una economía ilícita en incentivos para producir ciencia, empleo, desarrollo rural, innovación y bienestar?
La respuesta requiere investigación rigurosa.
Una eventual industria legal de productos derivados de plantas de interés farmacológico tendría que construirse sobre ciencia, regulación sanitaria, propiedad intelectual, trazabilidad y mercados legales; no sobre la infraestructura del narcotráfico.
Asimismo, cualquier política de drogas debería considerar simultáneamente la perspectiva del productor rural, el consumidor, el sistema sanitario, las fuerzas de seguridad, las empresas, el Estado y las comunidades afectadas por la violencia.
La verdadera oportunidad económica para Colombia no consiste necesariamente en “apropiarse del negocio de la droga”.
Consiste en preguntarse si el país puede convertir una experiencia histórica marcada por la violencia y la ilegalidad en conocimiento científico, innovación, desarrollo rural y capacidad empresarial.
Ese cambio de paradigma permitiría pasar de una economía basada en la extracción clandestina de valor a una economía basada en investigación, regulación y creación de valor.
En otras palabras:
El verdadero “El Dorado” no sería la cocaína.
Sería la capacidad de Colombia para convertir su biodiversidad, su conocimiento y su experiencia histórica en ciencia, tecnología, empresas y desarrollo.